Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela Edmundo González, emitió este martes un comunicado en el que exige al régimen de Maduro la liberación inmediata de su esposo Rafael Tudares Bracho,quien tiene casi tres meses en desaparición forzada tras su detención el pasado 7 de enero.
«Como les consta a las autoridades, personalmente he recorrido decenas de centros de detención en Caracas y sus alrededores buscando a mi esposo. No obstante, las autoridades y órganos de seguridad que lo tienen y mantienen privado de su libertad, oculto y en cautiverio, clandestinamente, en algún lugar desconocido, han decidido y han ordenado a sus funcionarios no permitirme saber el lugar real y concreto donde se encuentra Rafael. Este tiempo, estos 60 días, han sido duros y fuertes, de mucha indignación y dolor», detalla González de Tudares en el escrito.
«He visto y presenciado situaciones que jamás en la vida me imaginé presenciar. He constatado como las autoridades mienten abiertamente o, dicen y afirman algo y, posteriormente, ofrecen otra ‘información’ y versión de los hechos y situaciones, sin mayor reparo y consideración humano ante una situación tan grave», agregó.
También denuncia la presunta audiencia de presentación de Tudares Bracho sin información oportuna a sus abogados de confianza, como lo establecen las leyes venezolanas, así como tampoco del centro de reclusión establecido:
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«Hay graves irregularidades en la presentación de Rafael ante Tribunales. Hasta en eso he visto como se me miente o cambia la versión de los hechos. Primero me informaron que la audiencia de presentación fue el 10 de enero de 2025 y ello se me aseguró reiteradamente el 21 y el 26 de febrero. Luego de varias visitas a tribunales y a la Defensoría Pública, se me dijo el 5 de marzo, que la “audiencia de presentación” habría sido el 18 de febrero de 2025. Además, fui informada que su defensor asignado que no estuvo presente durante la audiencia presentación, y al preguntar quién estuvo presente como su defensor, se me informó que fue asistido con un compañero del defensor asignado cuyo nombre no se me dio», expresa.
«En resumen, solo he podido tener un conocimiento muy general y ‘referencial’, muy genérico y vago, de esa irregular e inconstitucional audiencia de presentación a la que fue sometido Rafael. Se supone que el defensor público que estuvo presente en esa audiencia tiene que informarme, como esposa de Rafael, sobre la verdadera fecha y los detalles del desarrollo de esa audiencia de presentación y tendría que haber cumplido con lo establecido en el Artículo 26 numerales 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública de Venezuela. A Rafael se le habría asignado un centro de reclusión y detención donde ya he verificado personalmente NO está, no se encuentra. Esa verificación la realicé por todos los canales regulares y oficiales posibles».
