La comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos enfrenta ataques sin precedentes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En menos de 100 días, dos protecciones migratorias fundamentales fueron eliminadas, dejando a miles de venezolanos en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Primero, la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficiaba a unos 350 mil venezolanos, fue anulada, aunque actualmente esa medida se encuentra suspendida por un juez federal de California.
Luego, la eliminación del parole humanitario, que otorgaba residencia temporal a aproximadamente 117 mil venezolanos, se sumó a las tensiones.
El daño más significativo, sin embargo, es el intento de criminalizar a una diáspora que, según la encuesta 2023 de la Oficina del Censo de Estados Unidos (ACS, por sus siglas en inglés), supera los 900 mil miembros.
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«Hemos sido el target de la nueva Administración con insultos y adjetivos absolutamente racistas. Hemos sido llamados animales», denuncia Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, al diario El País de España.
La organización participó en la demanda colectiva que logró detener temporalmente la revocación del TPS.
“Venezuela no es el Tren de Aragua, y estamos luchando para que el sistema judicial estadounidense acabe con esta injusticia”, explica la activista.
La activación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Administración Trump, bajo el pretexto de una invasión por parte del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, provocó la deportación de 238 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin ningún control judicial.
«El presidente salvadoreño Nayib Bukele está buscando convertir a su país en un Guantánamo centroamericano», afirmó Juanita Goebertus, directora de la División Américas de Human Rights Watch, al calificar la deportación como un espectáculo propio de “un thriller de terror”.
Aunque los datos oficiales demuestran que la inmigración venezolana no representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, con solo el 0,08 % de los venezolanos arrestados por vínculos con el Tren de Aragua, la comunidad se enfrenta a un creciente estigma.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), el número de personas arrestadas por nexos con la organización criminal es mínimo y ninguno de los detenidos tenía TPS.
Además, las cifras del año fiscal 2023 muestran que, de 64.124 casos de delitos cometidos por extranjeros, solo el 33,7 % correspondían a ciudadanos no estadounidenses, y los venezolanos no figuran entre los grupos con mayor número de sentencias.
La creciente hostilidad hacia los inmigrantes venezolanos se enmarca en el contexto de una política migratoria más amplia, que busca aprovechar la vulnerabilidad de las comunidades migrantes recién llegadas.
Una comunidad trabajadora
Estados Unidos se convirtió en un destino clave para los migrantes venezolanos, cuya población pasó de 33 mil en 1980 a 770 mil en 2023, según el Instituto de Política Migratoria (MPI). Florida alberga a casi la mitad de ellos, seguido por Texas, Georgia y Nueva York.
A pesar de los desafíos, los venezolanos tienen un nivel educativo más alto que el promedio de la población estadounidense, con un 48 % de los inmigrantes venezolanos de 25 años o más con títulos universitarios, maestrías o doctorados.
Sin embargo, a pesar de su alta tasa de participación en el mercado laboral, con un 75 % de los venezolanos de 16 años o más trabajando, los ingresos de los hogares venezolanos son inferiores a los de otras comunidades inmigrantes, con un promedio de 71 mil 900 dólares.
Además, casi medio millón de venezolanos en Estados Unidos viven sin estatus migratorio legal, lo que los coloca entre las comunidades más vulnerables.
A pesar de estos obstáculos, la lucha por mantener el TPS y otras protecciones migratorias sigue siendo fundamental para la comunidad venezolana.
«La lucha por mantener esta protección es crucial porque la tiene al menos siete de cada 10 personas», afirma Ferro, resaltando la importancia de garantizar derechos básicos para quienes, como ella, han buscado refugio y una nueva oportunidad en Estados Unidos.
