El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que refuerza las restricciones para que inmigrantes en situación irregular accedan a beneficios del Seguro Social, medida que forma parte de su política de «protección a los contribuyentes estadounidenses».
El decreto busca cerrar lo que la administración denomina «vacíos legales» que permitirían el acceso indebido a estos programas sociales.
El documento, dirigido a seis altas autoridades federales incluyendo al Procurador General y a la secretaria de Seguridad Nacional, establece mecanismos estrictos para verificar la elegibilidad de los solicitantes. Las agencias gubernamentales deberán implementar regulaciones más rigurosas y podrán tomar acciones legales contra estados o municipios que no apliquen los controles migratorios requeridos para acceder a estos beneficios.
Como parte clave de la medida, el Departamento de Justicia y la Administración del Seguro Social desplegarán 50 fiscales especializados antes del 1° de octubre para investigar casos de fraude, con especial atención al robo de identidad. Estos equipos se concentrarán en las jurisdicciones con mayor población inmigrante irregular, según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional.
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La decisión presidencial surge tras un informe de 2023 del inspector general del Seguro Social que reveló «graves fallas en el sistema», incluyendo millones de registros desactualizados de beneficiarios fallecidos y falta de controles sobre supuestos beneficiarios centenarios con inconsistencias en sus datos. Según el Gobierno de Trump, estas deficiencias habrían «facilitado pagos irregulares por años».
Esta acción se enmarca en la orden ejecutiva 14218 de febrero pasado, donde la administración Trump estableció su política de «cero beneficios para inmigración irregular». El comisionado del Seguro Social tiene ahora 60 días para evaluar la reimplementación de multas civiles por fraudes al sistema.
