La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel -detenida desde febrero de 2024- no ha recibido atención médica por una fractura en el hombro que sufrió desde hace más de siete meses, lo que representa una «grave violación a sus derechos humanos».
«A pesar de la gravedad de esta lesión, no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles», indicó la ONG en una publicación en X.
Asimismo, sostuvo que este hecho representa una «grave violación» a los derechos humanos de San Miguel, particularmente, añadió, «al derecho a la salud, a la integridad personal y a condiciones dignas de detención, tal como lo establecen los estándares internacionales».
«A esto se suma un retardo procesal inadmisible: su audiencia de juicio ha sido postergada ya cuatro veces, con demoras de casi dos meses entre cada diferimiento», apostilló.
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La ONG exigió la liberación «inmediata y sin condiciones» de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano.
El pasado 31 de marzo, la audiencia de juicio de San Miguel, prevista para ese día, fue diferida por cuarta vez, para el 26 de mayo por falta de traslado al juzgado.
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, denunció que la activista sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que no fue debidamente atendida.
