El Gobierno del presidente Donald Trump instó a la Corte Suprema el jueves a deshacer las protecciones de deportación para cientos de miles de venezolanos que han sido mantenidas temporalmente por un tribunal federal inferior.
En cuestión está una decisión de principios de este año de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a una forma de alivio humanitario conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos.
Un grupo de ciudadanos venezolanos cubiertos por esas protecciones impugnó la decisión como una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de política. También argumentaron que la decisión de Noem estuvo motivada por prejuicios raciales y políticos.
Un tribunal federal de distrito en California bloqueó temporalmente esa decisión para que no entrara en vigor a finales de marzo, impidiendo la eliminación de las protecciones para más de 300.000 ciudadanos venezolanos.
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A mediados de abril, el Noveno Circuito de Apelaciones de EE.UU. rechazó una solicitud de la administración de Trump para bloquear esa orden.
La orden del tribunal inferior “contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones de políticas sensibles en un área de política migratoria que el Congreso reconoció debe ser flexible, rápida y discrecional”, dijo el Gobierno de Trump a la Corte Suprema en su apelación de emergencia.
La apelación es el undécimo caso de emergencia relacionado con el segundo mandato de Trump en llegar a la Corte Suprema. Los jueces también están considerando apelaciones relacionadas con el despido de miembros de juntas en agencias independientes, un esfuerzo por vetar a los miembros del servicio transgénero y un caso relacionado con inmigrantes que la administración está intentando expulsar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
