El empresario italo-venezolano Alfredo Schiavo, de 67 años, fue liberado el pasado sábado 3 de mayo tras permanecer más de cinco años detenido en la sede del Sebin, conocida como El Helicoide, en Caracas.
La información fue dada a conocer por la Comunidad de Sant’Egidio, que informó en su cuenta de Instagram que la excarcelación fue posible gracias a una mediación llevada a cabo en colaboración con autoridades italianas y venezolanas.
Schiavo, hijo de emigrantes italianos, recibió una primera revisión médica en Caracas y posteriormente se reunió con sus familiares. Está previsto que viaje a Italia junto a su esposa este mismo lunes por la tarde.
Antecedentes del caso
Según un informe de las Naciones Unidas, Schiavo Lavieri fue detenido el 8 de junio de 2020 por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su residencia en Puerto Escondido, Guarira.
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Denunciaron que el arresto se produjo «sin que existiera una orden judicial previa que justificara la privación de su libertad». Además, aseguran que «los agentes no se identificaron en ese momento ni informaron los motivos del arresto, limitándose a decirle que debía acompañarlos, en un procedimiento que no cumplió con los requisitos legales internacionales y nacionales».
Posteriormente, se conoció que la aprehensión estuvo vinculada a una investigación sobre un general relacionado con la supuesta operación Gedeón, un plan atribuido a militares disidentes en el exilio con la intención de derrocar al gobierno venezolano.
La ONU afirma que tras el arresto, Schiavo Lavieri y su familiar «fueron sometidos a un prolongado aislamiento de cinco días, durante los cuales permanecieron incomunicados y sin acceso a asistencia jurídica, en violación del derecho internacional».
«El 12 de junio las autoridades ingresaron de manera ilegal en el domicilio de Schiavo Lavieri, violando la Constitución y realizando un allanamiento sin orden judicial. El 17 de junio, fue presentado ante un juez en El Helicoide, en una audiencia en la que no se le permitió ser asistido por un abogado de su confianza y, un día después, fue obligado a hacer una declaración bajo amenazas y sin garantías básicas», señala la organización.
El informe también critica el carácter «no independiente y sesgado» del sistema judicial venezolano en este caso, así como las declaraciones públicas que prejuzgaron al señor Schiavo Lavieri, «vulnerando su presunción de inocencia».
