La Audiencia Nacional de España abrió diligencias contra la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, por presuntas “torturas” y “delitos de lesa humanidad” durante sus gestiones.
La querella la registraron los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex).
En el auto, al que accedió el medio The Objective, se destaca que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. El magistrado señala que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
La querella la interpusieron el lunes los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle, en nombre de Dulce Bravo, una venezolana de 57 años refugiada en Argentina desde 2013. Los abogados argumentan que Rodríguez Torres y Ortega Díaz incurrieron en “conductas susceptibles de tener encaje en el tipo de lesa humanidad”, previstas en el artículo 607 del Código Penal. También en los delitos de «tortura y contra la integridad moral».
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Peiró asegura que la Audiencia Nacional es competente para investigar a los querellados porque ambos residen en España.
Las presuntas torturas
La opositora narró que sufrió “torturas” por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al Gobierno venezolano que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.
“Trabajé allí en un toldo político que se llamaba Proyecto Venezuela, pero no pertenecía ni pertenezco a ningún partido político”, dijo la opositora venezolana.
Como el grupo de mujeres que coordinaba creció rápidamente, optó por dejarlo a disposición del fallecido Vasco Manuel Da Costa. Este murió en 2022 “debido a las torturas ocasionadas”. El Estado detuvo por primera vez a Bravo el 9 de mayo de 2003.
“Me administraron hipnóticos y me escribieron en la espalda, vientre y pechos amenazas contra el general Felipe Rodríguez y los disidentes de la plaza Altamira (…) Me sentaron en una silla y comenzaron a hacerme preguntas, darme golpes en la cabeza con algo que se sentía como un tubo. Luego me golpeaban las rodillas con algo metálico y me ardía muchísimo”, narró.
“Me dijeron que toda mi tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez Torres”, agregó.
Asimismo, denunció que el entonces ministro le ofreció «una finca y una maleta llena de dinero si le decía dónde estaba el general (el opositor Felipe Rodríguez)».
Luego, comentó, la llevaron a tribunales, donde “se me negó el derecho a declarar por orden de la fiscal Luisa Ortega”.
Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, solicitó a la Fiscalía que presente un informe que determine su competencia para investigar la responsabilidad que se le achaca a Ortega Díaz y al exjefe de la inteligencia venezolana, ambos asilados en España.
