Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó este lunes una solicitud del gobierno del expresidente Donald Trump para suspender una orden que obliga a facilitar el regreso de un joven venezolano deportado a El Salvador bajo la controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El fallo, emitido por el 4º Circuito de la Corte de Apelaciones en una votación dividida de 2 a 1, mantiene vigente el mandato de la jueza federal Stephanie Gallagher, quien determinó en abril que la deportación de «Cristian», un solicitante de asilo de 20 años, violó un acuerdo judicial que protegía a jóvenes migrantes con procesos migratorios activos.
Según CNN, Gallagher ordenó al gobierno estadounidense colaborar con las autoridades salvadoreñas para asegurar el regreso del joven a suelo norteamericano.
La decisión judicial se convierte en un nuevo capítulo en la creciente batalla legal sobre el uso de poderes extraordinarios por parte de Trump para acelerar deportaciones, alegando vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua. La administración aún no ha demostrado evidencias concretas contra Cristian, más allá de una supuesta afiliación basada en tatuajes.
Los jueces DeAndrea Gist Benjamin y Roger Gregory votaron por mantener la orden de Gallagher. En su opinión concurrente, Gregory criticó duramente los esfuerzos del poder ejecutivo por “eludir el estado de derecho”, y recalcó que los tribunales tienen el deber de actuar como freno ante los abusos de poder, incluso bajo la bandera de la seguridad pública.
“El tribunal de distrito aplicó fielmente las cláusulas del acuerdo judicial y ordenó apropiadamente a Estados Unidos que corrija el incumplimiento de sus compromisos explícitos”, sostuvo Gregory.
El juez Julius Richardson, designado por Trump, emitió un voto disidente, argumentando que Gallagher había sobrepasado su autoridad al ordenar a funcionarios federales iniciar gestiones diplomáticas con El Salvador. Según Richardson, esa función es exclusiva del poder ejecutivo.
Cristian fue deportado en marzo a la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, sin que su solicitud de asilo fuera completamente evaluada. La jueza Gallagher denunció en audiencia reciente que el gobierno no había tomado medidas reales para cumplir su orden, y subrayó que el acuerdo judicial no incluía excepciones vinculadas a la Ley de Enemigos Extranjeros.
“La expulsión impidió que Cristian pudiera disputar las acusaciones que ahora el gobierno presenta como justificación para su deportación”, expresó la jueza Benjamin, sumándose al argumento de que se le negó el debido proceso.
El caso podría escalar ahora a la Corte Suprema, que este año ya había ratificado una orden similar en otro caso de deportación de un venezolano bajo condiciones cuestionables.
Este nuevo revés legal para la administración Trump se da en medio de una creciente ola de críticas por la política migratoria que ha llevado a decenas de venezolanos a ser recluidos «sin contacto con abogados o familiares en prisiones salvadoreñas», bajo acusaciones no comprobadas de afiliación a grupos criminales.
La decisión marca la segunda ocasión en que la justicia exige revertir una deportación ejecutada bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El caso se suma al de Kilmar Ábrego García, otro migrante venezolano deportado en marzo y cuyo retorno también fue ordenado por la Corte. La administración ha insistido en que no puede repatriarlo.
