El Gobierno de Bolivia formalizó este jueves la denuncia contra el expresidente Evo Morales por ocho delitos, entre estos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales, debido a las movilizaciones que sus seguidores realizan para exigir que se le habilite como candidato presidencial en las elecciones de agosto.
“Hemos presentado el día de hoy una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”, explicó esta noche el ministro de Justicia, César Siles, al salir de la fiscalía donde presentó las denuncias.
Los ocho delitos de los que se acusa a Morales (2006-2019) son: terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales.
Desde hace cuatro días, seguidores de Morales bloquean varias carreteras de Bolivia para exigir que su líder sea habilitado como candidato presidencial para las elecciones generales del 17 de agosto.
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Sin embargo, el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) con el que Morales intentaba inscribirse como candidato perdió su personería jurídica por no haber llegado a un 3 % de votos en las elecciones de 2020 y este jueves el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que la organización no podrá participar en los comicios.
A esto se suma un fallo constitucional que indica que la reelección en Bolivia está permitida «por una única vez de forma continua», sin posibilidad de un tercer mandato.
Esto inhabilitaría a Evo Morales, que ya gobernó Bolivia en tres períodos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
Por su parte, el Gobierno denunció que al menos 20 agentes de policía han sido heridos por los leales a Morales durante las acciones de desbloqueo de carreteras.
“Se está atentando contra la libertad de locomoción de las personas, contra el paso de cisternas que traen combustible y de ambulancias, ya hay personas fallecidas, heridas, policías agredidos, sin duda el Estado y el gobierno tiene que reaccionar”, manifestó el ministro de Justicia.
En la misma vía, el presidente Luis Arce acusó a Morales de querer «cercar ciudades» y poner en peligro la distribución de alimentos en todo el país, para así «buscar» su renuncia y crear desestabilización en el país.
«Su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y, para ello, está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realice las Elecciones Generales del 17 de agosto», afirmó Arce,
Este viernes, el TSE entregará el listado de candidatos habilitados para participar en los comicios y se espera que los seguidores del expresidente intensifiquen sus marchas y bloqueos para presionar a que se le inscriba por la fuerza.
Morales también cuenta con una orden de captura por presunta trata agravada de personas, por un caso en el que se le acusa de supuestamente haber embarazado a una menor de edad cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.
El presidente Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021, por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
La pugna de los dos líderes derivó en la renuncia de Morales este año al MAS, partido que fundó y lideró por casi 30 años. EFE
