Un hombre, originario de Argentina, se enfrenta en España a una petición de 325 años de cárcel acusado de numerosos delitos de pornografía infantil y contra la libertad sexual de menores de 13 años, con los que contactaba a través de un videojuego en línea.
La Audiencia Provincial de Madrid comenzó este lunes el juicio a puerta cerrada, a petición de todas las partes para preservar la intimidad del proceso, contra A.M.V., para el que el Ministerio Público pide 325 años de cárcel por un delito de agresión sexual, catorce de abusos sexuales y veinticinco de pornografía infantil.
Además, está acusado en trece casos de un delito que en España castiga el uso de nuevas tecnologías para contactar menores de 16 años con el fin de perpetrar agresiones sexuales o conseguir pornografía.
El acusado rechazó, antes del juicio, un acuerdo en el que la Fiscalía le ofrecía 20 años de prisión y la posibilidad de ser expulsado a su país de origen, Argentina, informaron fuentes jurídicas al término de la vista.
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El procesado hablará en el último día del juicio, previsto para este viernes, según las fuentes.
El hombre, que se encuentra en prisión provisional desde su arresto en 2021, habría presuntamente contactado con al menos 26 niños a través del videojuego y, tras ganarse su confianza, hacía videollamadas con ellos y les pedía que le mostrasen sus partes íntimas.
Fuentes jurídicas detallaron que en algún caso llegó a encontrarse con algunos de los menores: perpetró al menos una agresión sexual a un niño, al que conoció y engañó en una playa nudista.
La investigación comenzó en julio de 2021, cuando los padres de un niño de 9 años denunciaron que sospechaban que su hijo mantenía contacto con un adulto a través de un videojuego en línea.
Regalos
Tras confirmar ese contacto, la Guardia Civil española corroboró que A.M.V. acumulaba, tanto en dispositivos móviles como en la nube, más de 2.000 archivos de pornografía infantil.
Además se constató que había efectuado hasta 82 pagos a cuentas de usuarios de videojuegos pertenecientes a menores, que se corresponderían con los regalos con los que les inducía a hacer las videollamadas de las que obtenía los archivos de pedofilia.
Las fuentes jurídicas destacaron que el acusado contaba con antecedentes penales por agresión sexual fuera de España, aunque no computables bajo el sistema penal español.
