Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5° Circuito, con sede en Nueva Orleans, escuchó este lunes los argumentos en una disputa legal relacionada con la invocación, por parte del presidente Donald Trump, de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar supuestos miembros del Tren de Aragua.
El Gobierno federal sostiene que las personas detenidas están vinculadas a la organización criminal. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha desafiado esa postura y afirma que muchos de los migrantes bajo custodia tienen solicitudes de asilo pendientes y no existen pruebas suficientes de su pertenencia a dicha banda.
Durante la audiencia, el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, argumentó que la aplicación de esta legislación, concebida en el siglo XVIII, resulta improcedente en este contexto. “La Ley fue creada para tiempos de guerra. El propio gobierno reconoce que no estamos en un conflicto militar con Venezuela”, afirmó ante el tribunal.
En representación del gobierno, el fiscal general adjunto Drew Ensign defendió la decisión presidencial y señaló que los tribunales no tienen la facultad de impugnar el criterio del mandatario cuando se declara una amenaza externa que, a su juicio, justifica la adopción de medidas extraordinarias.
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