El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes 21 de julio su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”, una investigación que expone el colapso del sistema penitenciario venezolano y documenta su utilización como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del régimen venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud), 40 en calabozos policiales y 4 presos políticos. A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.
En este punto es importante mencionar que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.
En los calabozos policiales, las condiciones son igualmente críticas: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.
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El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno. El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.
Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015. Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión.
En otro orden de ideas, la cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado. “Esto no es más que tortura psicologica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.
Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral. El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.
Algunos fueron recluidos en centros penitenciarios para adultos, mientras que otros fueron trasladados a lugares alejados, imposibilitando su defensa. Estas prácticas violan el principio del interés superior del niño y los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA). La detención de niños, niñas y adolescentes por motivos políticos constituye una de las señales más claras del uso del aparato judicial y penitenciario como arma de persecución.
En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de apenas 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento crítico del 145,85%. Algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, superaron el 350% de hacinamiento.
Ahora bien, según el registro del OVP, del total de la población reclusa en Venezuela, 1.969 son mujeres y 28 % de ellas se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Es de resaltar que durante el 2024 fue desalojado el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, disminuyendo así las plazas para las mujeres en prisión.
Tanto para ellas como para el resto de la población penal, las condiciones de vida son profundamente degradantes: la mayoría de los centros no cuentan con acceso regular a agua potable, los alimentos son insuficientes o servidos en mal estado, y los servicios médicos están prácticamente ausentes. Muchos internos perdieron entre 10 y 15 kilos durante su permanencia en reclusión, y a todo esto se suma el deterioro de la infraestructura, con techos colapsados, filtraciones, falta de electricidad y espacios convertidos en verdaderas cámaras de castigo, como los llamados “tigritos”, celdas pequeñas, oscuras, sin ventilación y sin acceso a luz natural.
Durante 2024 también se produjo una oleada inédita de protestas dentro del sistema carcelario. Más de 50.000 personas privadas de libertad participaron en huelgas de hambre como forma de denuncia ante los abusos, el hambre, el retardo procesal y la ausencia de justicia. Por ejemplo, el 9 de junio se registró una huelga nacional simultánea en cárceles, calabozos y anexos femeninos de todo el país.
Pero no los castigos no tardaron en llegar, en Fénix Lara, por ejemplo, 2.000 reclusos permanecieron durante 17 horas sin agua ni alimentos como castigo por haber participado en protestas; mientras que en el Centro Penitenciario 26 de Julio, más de 1.300 presos fueron encerrados durante días sin acceso a la luz solar ni posibilidad de comunicarse con sus familias.
Al respecto, Prado expresó que, a un año de la huelga nacional, los petitorios de los presos no fueron cumplidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y, por el contrario, continúa el retardo procesal, el hacinamiento, las condiciones inhumanas en las que están recluidos y las constantes violaciones de DDHH.
En el informe anual, OVP también alerta que las prácticas documentadas configuran patrones que deben ser analizados como posibles crímenes de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas físicas y psicológicas, las muertes bajo custodia y la represión sistemática contra opositores y ciudadanos comunes, son compatibles con las definiciones establecidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
En conclusión, el Observatorio Venezolano de Prisiones emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos injustamente, el cese de la incomunicación y el aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.
