Venezuela juramentó este sábado a unos 1.000 militares, de entre 18 y 22 años, para hacer «frente a cualquier circunstancia» en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe que Nicolás Maduro interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen, por lo que ha llamado a la defensa del territorio.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el comandante general de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, dijo que la juramentación «implica un compromiso» en estos momentos cuando el «imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa».
«¿Juran ustedes mantener la libertad, la independencia y la integridad territorial? ¿Juran ustedes lealtad absoluta al presidente constitucional de Venezuela, comandante en jefe de las Fuerza Nacional Bolivariana?», expresó Marcano Tábata.
Según VTV, los «más de 1.000 jóvenes juramentados» de la GHP y DGCIM recibieron tres «meses de formación intensa» y adiestramiento con armamento.
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Durante el acto, los militares exhibieron sus armas y banderas de Venezuela, reafirmando su tradicional lema de «traidores nunca». También expresaron que «por ninguna circunstancia» permitirán «la invasión de un imperio» y que, si la «patria lo demanda», estarán dispuestos a entregar sus vidas en defensa del país.
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El viernes, Maduro pidió a los cuerpos policiales estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, todo lo relacionado con la «resistencia popular prolongada» y también «todas las formas de lucha armada popular, militar, policial».
El gobernante venezolano sostuvo que en cada institución policial del país debe haber «un plan de ofensiva permanente».
También solicitó a la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la DGCIM que reflexionen sobre cómo contribuyen a construir del «poder de la nación venezolana».
Esta petición se produjo en un contexto en el que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.
