La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó este viernes al fiscal Karim Khan alejarse de la investigación sobre presuntos «crímenes de lesa humanidad en Venezuela», tras encontrar «motivos suficientes para cuestionar su imparcialidad».
Según el documento oficial, el organismo determinó que existe «razón para creer que existen causales de descalificación del fiscal», basándose en sus vínculos personales y profesionales con la abogada Venkateswari Alagendra, quien forma parte del equipo de defensa del gobierno venezolano ante la CPI
El fallo detalla que Khan «mantiene una relación de parentesco con Alagendra, siendo su cuñado, y que anteriormente trabajaron juntos en casos internacionales, específicamente en el caso Ruto de 2013, donde él fungió como su superior directo».
La Sala consideró que esta «colaboración profesional documentada y dinámica jerárquica establecida», sumada al vínculo familiar, generan lo que el documento describe como una «apariencia de parcialidad» que compromete la integridad del proceso.
En sus argumentos, la CPI señaló que «un observador imparcial e informado razonablemente percibiría riesgo de sesgo», aplicando estrictamente los estándares del Estatuto de Roma. El tribunal destacó que Khan estaba al tanto desde febrero de 2024 de la participación de Alagendra en la defensa de Venezuela, pero «no tomó medidas para salvaguardar su imparcialidad, incluso después de recibir una advertencia explícita en febrero de 2025».
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La decisión judicial establece un plazo perentorio de tres semanas para que el fiscal presente su excusa formal. El documento advierte claramente que, de no hacerlo, la Corte «podrá recurrir a otras vías legales, incluida la descalificación directa del fiscal», una medida que subraya la gravedad con que la CPI considera este conflicto de intereses.
Este fallo marca un hito en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, siendo la primera vez que se aplica el estándar de «motivos para creer» para apartar a un fiscal, y donde se consideran conjuntamente los vínculos familiares y profesionales como causal de descalificación.
«Los lazos familiares, profesionales y jerárquicos están tan interconectados que el vínculo no puede refutarse», señala el documento.
El examen preliminar sobre Venezuela se abrió en febrero de 2018 bajo la fiscal Fatou Bensouda. Tras una remisión de varios Estados partes en septiembre de 2018, el caso avanzó hasta que en noviembre de 2021, el nuevo fiscal Karim Khan anunció formalmente el inicio de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017.
Si Durante una visita a Caracas en noviembre de 2021, Khan firmó con Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento donde Venezuela aceptaba cooperar, aunque el mandatario declaró: «No compartimos la decisión de investigar pero la respetamos».
En junio de 2023, la CPI autorizó reanudar formalmente la investigación (caso Venezuela I), decisión que Venezuela apeló sin éxito. Para abril de 2024, la investigación se reactivó oficialmente, aunque organizaciones como la Oficina de Víctimas (OPCV) denunciaron en noviembre de 2024 la «falta de progreso» y que las víctimas se sentían «abandonadas».
El actual fallo surge tras una recusación presentada en abril de 2025 por la Fundación Arcadia y el abogado Robert Carmona-Borjas, quienes alegaron que Khan tenía un conflicto de intereses por ser cuñado de Venkateswari Alagendra, abogada del equipo de defensa de Venezuela.
Esta decisión se produce mientras la Asamblea de Estados Partes de la CPI investiga desde noviembre de 2024 otras denuncias contra Khan por presunta «mala conducta», que él ha calificado de «falsas
