El ingreso mínimo, que se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalía entonces a unos 30 dólares mensuales. Desde entonces, la acelerada devaluación del bolívar ha reducido drásticamente su poder adquisitivo.
El complemento al salario mínimo está conformado por un bono de alimentación de 40 dólares y el denominado “ingreso de guerra económica”, de 120 dólares, ambos pagados a la tasa del día. Sin embargo, al no ser salario, no generan derechos laborales.
El exgobernador opositor Andrés Velásquezcalificó la cotización de 130 bolívares por dólar como un “umbral del infierno”, alertando de que “los ingresos en general se vuelven sal y agua por la acelerada devaluación de nuestra moneda, igual mayor pobreza, más hambre, más ruina”.
Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV)exigió un aumento salarial urgente, recordando que los docentes ganan entre 1 y 4 dólares al mes, una situación que, aseguran, compromete “el futuro del país, la formación de nuestros profesionales y el desarrollo de la ciencia”.
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Brecha con el costo de la canasta básica
Según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica tuvo en abril un costo de 503,73 dólares, una cifra imposible de alcanzar para la mayoría de los trabajadores, incluso con los bonos del Gobierno. La ONG Provea ha recordado que la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de dicha canasta.
El Ejecutivo, por su parte, ha defendido los bonos como “una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones”, además de una herramienta para “evitar la inflación”.
