Las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia alertaron este viernes de una crisis humanitaria creciente en la región por el aumento de la migración inversa, con más de 14.000 personas retornadas desde México y Estados Unidos en lo que va de 2025, frente a una caída del 97 % en el tránsito hacia el norte por la selva del Darién.
Según un informe conjunto elaborado con apoyo de la ONU y presentado en Bogotá, los retornos forzados obedecen principalmente a cambios en la política migratoria de Estados Unidos (46 %), la imposibilidad de ingresar al país (49 %), la falta de recursos para continuar el viaje (34 %) y la violencia sufrida en tránsito (27 %).
La misión documentó graves violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, extorsiones y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, además del control de la ruta por redes de tráfico de personas que cobran hasta 280 dólares por traslados marítimos inseguros.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, advirtió que los retornos están marcados por «una situación de extrema vulnerabilidad».
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El funcionario denunció que la mayoría de las personas que han regresado en 2025 «ya han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y enfrentan riesgos de violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas, tráfico y trata de personas».
El 97 % son venezolanos
Según el informe, el 97 % de los entrevistados por los equipos humanitarios son de nacionalidad venezolana, y entre ellos se identifican perfiles de especial riesgo como familias numerosas, mujeres gestantes, personas con discapacidad y niños no acompañados.
Los defensores alertaron que la población venezolana sufrió un trato diferente al resto de migrantes, pues enfrentan «desplazamientos internos, trámites adicionales y demoras prolongadas en la respuesta a sus solicitudes»
Además, se constató la presencia de redes de tráfico ilícito de personas que cobran entre 230 y 280 dólares por trasladar migrantes hacia Panamá y Colombia, lo que obliga a quienes no cuentan con recursos a permanecer varados mientras logran reunir el dinero para continuar su trayecto.
En Costa Rica, donde el 17 % de migrantes solicita asilo, el centro de atención en Paso Canoas está «subutilizado» pese a haber atendido 1.480 personas, mientras que en Panamá comunidades como Palenque y Miramar concentran familias varadas sin alimentos ni agua potable.
Sin «derechos» ni «justicia»
Andrés Sánchez Thorin, representante regional de ONU Derechos Humanos para América Central, señaló en un comunicado que este flujo de retorno ocurre «en un contexto de desafíos significativos para el goce efectivo de sus derechos», que van desde la protección internacional hasta el acceso a la justicia.
Thorin resaltó el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos para visibilizar la crisis y pidió reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional, «pues sólo desde una acción conjunta es posible prevenir abusos y atender con dignidad a las personas migrantes y refugiadas».
En Colombia, los puertos intermedios de tránsito de Necoclí y Capurganá están desbordados y en el Pacífico el tránsito de migrantes se cruza con la presencia de grupos armados, lo que aumenta los riesgos de reclutamiento y explotación.
Las Defensorías pidieron a los tres gobiernos crear un plan de acción trinacional que garantice atención humanitaria básica, acceso a refugio, albergues y servicios de salud, así como mantener vigentes los Permisos por Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia.
