Un acuerdo confidencial fechado en marzo y ahora hecho público revela que la administración del presidente Donald Trump ofreció USD 4,7 millones a El Salvador para albergar a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, con restricciones específicas sobre el uso de esos fondos en temas de inmigración, diversidad y aborto.
El documento, de cuatro páginas, fue divulgado el lunes en el marco de un litigio relacionado con el traslado de detenidos desde territorio estadounidense hacia prisiones salvadoreñas, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido internacionalmente por sus condiciones extremas y cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Restricciones sobre el uso de los fondos
De acuerdo con el texto, el Departamento de Estado se comprometió a transferir 4′760.000 dólares a El Salvador para cubrir “necesidades de aplicación de la ley y lucha contra el crimen”, incluidos los costos vinculados al alojamiento de presuntos miembros del grupo delictivo ‘Tren de Aragua‘.
Sin embargo, el convenio aclara que el dinero no podía destinarse a programas de atención sanitaria reproductiva, servicios de asesoría legal para solicitantes de asilo en EE.UU., ni a iniciativas vinculadas con diversidad, inclusión y equidad (DEI). También prohibía el financiamiento de “caravanas de migración masiva” hacia la frontera sur estadounidense, así como acciones de lobby a favor o en contra del aborto.
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El acuerdo precisa que la donación “no es un acuerdo internacional”, término reservado para instrumentos legalmente vinculantes en el marco del derecho internacional.
Migrantes venezolanos y cuestionamientos
El texto señala que El Salvador confirmó el 14 de marzo su disposición a recibir hasta 300 personas durante al menos un año, pocos días después de que Trump firmara una proclamación que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de forma acelerada a supuestos integrantes de pandillas.
Aunque las autoridades estadounidenses alegaron vínculos con el Tren de Aragua, algunos migrantes trasladados negaron pertenecer a esa organización criminal.
En paralelo, la administración Trump ha enfrentado demandas por utilizar una antigua norma de poderes de guerra para justificar el traslado de más de 200 venezolanos hacia El Salvador. Los litigios han continuado incluso después de que muchos de esos migrantes fueran posteriormente enviados a Venezuela y liberados durante el verano.
Críticas de organizaciones y demandas en curso
“El acuerdo demuestra que la administración no había tomado medidas para garantizar de forma significativa que las personas enviadas al Cecot estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos, mientras que se esforzaba por garantizar que los fondos que EE.UU. proporcionaba a El Salvador no se utilizaran para proporcionar atención sanitaria reproductiva o para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”, denunció Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones demandantes.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la embajada de El Salvador en Washington respondieron a las solicitudes de comentarios.
Contexto judicial
El caso se tramita bajo el expediente Robert F. Kennedy Human Rights contra el Departamento de Estado, 25-cv-1774, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.
La identidad de los funcionarios estadounidenses y salvadoreños que firmaron el documento permanece oculta, ya que esas secciones del acuerdo fueron tachadas antes de su divulgación.
Con información de Bloomberg Línea.
