La Asamblea Nacional aprobó este martes una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como «piratería» y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados, que incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos.
«Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales», dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, al finalizar el debate.
La norma busca proteger las actividades económicas del Estado, pero también alcanza a cualquier entidad que tenga negocios con el Gobierno venezolano.
«Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años», dice el artículo 13 de la ley, leída por la Secretaría del Parlamento.
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La ley establece multas en bolívares
La ley también establece multas en bolívares «equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor» en el país, que actualmente corresponde a la cotización del euro publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Quien sea sancionado también podría ser sujeto de incautación por parte del Estado, debido a que también le será aplicable «la Ley de Extinción de Dominio».
En la víspera, el diputado Giuseppe Alessandrello explicó que la ley busca «proteger la relación comercial» y proteger a los venezolanos «de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando» en el mar, a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las fuerzas de ese país han incautado ya dos buques petroleros que salieron de Venezuela.
Según el legislador, la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.
