El Gobierno de Paraguay anunció este viernes la derogación del decreto que permitía a los ciudadanos venezolanos ingresar al país sin visado, una medida vigente desde 1996, y que será reemplazada por la exigencia de este requisito a partir del 10 de enero de 2026.
La eliminación de la exención de visado, prevista en el Decreto N.º 14.609, que desde el 4 de septiembre de 1996 permitía a venezolanospermanecer en Paraguay sin visa por hasta 60 días por viaje, responde a “razones de seguridad nacional” ante el contexto actual en Venezuela”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Según la Cancillería paraguaya, la medida busca que “todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay esté sujeto a una verificación previa de la documentación y de los antecedentes correspondientes”.
La decisión de Paraguay se enmarca en un entorno migratorio complejo en América y el Caribe, donde muchos países han ajustado sus políticas de ingreso para ciudadanos venezolanos en los últimos años. Aunque algunos estados sudamericanos, como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay permiten actualmente el ingreso de venezolanos sin visa para estancias cortas o con documentación simplificada, otros han optado por exigir este requisito debido a la gestión de la migración masiva y la necesidad de verificar antecedentes y condiciones migratorias.
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Entre los países que mantienen la exigencia de visa se encuentran Panamá, Honduras, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, República Dominicana y varios países caribeños.
Situación en Venezuela
Además, medida con una escalada de tensiones internacionales tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar que Trump presentó como parte de su campaña contra el «narcotráfico».
El presidente paraguayo, Santiago Peña, manifestó ese sábado que la salida del líder chavista del país debe dar “paso de inmediato” a la restauración del Estado de derecho, para “permitir” que la “voluntad popular” expresada en las urnas en julio de 2024, sea el “único motor de la reconstrucción venezolana”.
