Claudio Grossman, exdecano de la Facultad de Derecho de la American University y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), renunció a su cargo como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en protesta por las demoras injustificadas de la oficina para procesar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.
Así lo reveló la agencia The Associated Press (AP), que tuvo acceso a un correo electrónico que Grossman envió al fiscal Karim Khan, el mes pasado, en el que el jurista chileno afirmó que sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el régimen de Maduro sigue cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, sin que la CPI actúe.
“Ya no puedo justificar la decisión de no tomar medidas correspondientemente serias contra los perpetradores de las graves violaciones”, añadió.
Grossman, quien durante su trayectoria ha tenido estrecha vinculación con la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, había sido designado asesor especial no remunerado de la Fiscalía de la CPI en octubre de 2021.
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Según reveló AP, el fiscal Karim Khan llamó a Grossman para pedirle que reconsiderara su decisión y aceptara renovar su contrato, pero fracasó
Desde la oficina de Khan se limitaron a comentar que “el fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”.
La presión sobre Khan para que acuse a funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, coincide con las acusaciones en su contra por supuesta mala conducta con una ayudante y con la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de pedir la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El Estatuto de Roma por el que se creó la CPI entró en vigor en 2002, con el mandato de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero solo cuando los tribunales nacionales no inician sus propias investigaciones.
Los llamados a acelerar la única investigación de la corte en América Latina se han intensificado mientras Maduro afianza su poder, preparándose para asumir el cargo para un tercer mandato el 10 de enero tras unas elecciones empañadas por graves acusaciones de fraude y luego de la represión postelectoral. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y 20 murieron después de los comicios.
Estados Unidos y algunos líderes izquierdistas latinoamericanos han exigido a las autoridades que presenten las actas de la votación, como hicieron en el pasado, para refutar las presentadas por los opositores, que muestran que su candidato, Edmundo González, se impuso por un margen de dos a uno.
Muchos en la oposición venezolana se han quejado de que la CPI está aplicando un doble estándar, moviéndose de forma agresiva para buscar la detención de Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por atrocidades en Gaza y Ucrania, mientras muestra una indulgencia indebida con las autoridades venezolanas que Khan ha estado investigando durante más de tres años.
“No hay justificación alguna para la inacción”, escribieron González y la líder opositora María Corina Machado en una carta reciente a Grossman y otros 18 asesores especiales de la CPI pidiendo su ayuda.
“Lo que está en juego es la vida y el bienestar de los venezolanos”, señalaron en la misiva, que fue proporcionada a la AP por la persona familiarizada con la investigación de la Corte. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”
Con información de Europa Press
