La compañía colombo-venezolana Monómeros Colombo Venezolanos S.A. seguirá bajo custodia de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que la convocó a un proceso de reorganización por cesación de pagos, dado que el juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá negó una tutela que había presentado la compañía en contra de la entidad por supuestamente vulnerar sus derechos al imponer esta medida.
Con dicha decisión, la Supersociedades podrá continuar con el proceso de reorganización de la compañía de fertilizantes, con el que busca salvarla y proteger los intereses de las empresas proveedoras y de los más de 1.800 trabajadores directos e indirectos.
El juzgado le dio la razón a la Superintendencia que está facultada para solicitar la apertura de un proceso de insolvencia sobre las sociedades sometidas a su vigilancia y control basada en aspectos como la cesación de pagos, una falta que identificó en la multinacional venezolana.
De la supervivencia de esta empresa, que se ha convertido en un punto de discrepancia entre los gobiernos de Colombia y Venezuela por su eventual venta, depende el 80 por ciento de los insumos agrícolas de Colombia.
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Por esta razón, con las medidas de estricto control y el proceso de reorganización que decretó la Super, se espera garantizar un flujo de caja que les permita cumplir con las obligaciones y que tengan liquidez. En caso de no cumplir con el proceso, iría a liquidación.
El juzgado le dio la razón a la Superintendencia que está facultada para solicitar la apertura de un proceso de insolvencia sobre las sociedades sometidas a su vigilancia y control basada en aspectos como la cesación de pagos, una falta que identificó en la multinacional venezolana.
La finalidad del proceso de reorganización es precisamente la recuperación y conservación de la empresa, a través de un acuerdo que deberá negociar y celebrar con sus acreedores, con miras a su reestructuración operacional, administrativa y financiera», informó la entidad.
Con la orden del juez, Monómeros está obligada a aportar toda la información requerida, incluida su información financiera, veraz y actualizada, para determinar si será necesario abrir un proceso de insolvencia.
Asimismo, no podrá realizar operaciones fuera de su modelo sin autorización previa de la Supersociedades, una medida que pone una talanquera a su eventual venta, que ha sido el deseo del régimen de Maduro, su dueño natural.
Con información de El Tiempo
