Han pasado ocho años desde que inició en Delaware el proceso de Crystallex contra Venezuela y la subasta de acciones de la empresa matriz de la venezolana Citgo Petroleum está en su etapa final, con postores que han presentado ofertas por sus acciones y acreedores que esperan recuperar alguna parte de las ganancias.
El tribunal declaró a Citgo responsable de las deudas y expropiaciones de Venezuela, allanando el camino para que más de una docena de otros acreedores busquen una compensación de casi 19.000 millones de dólares. Pero no todo es tan fácil.
Una nota de Reuters publicada este lunes, destacó los puntos más importantes del proceso.
¿Qué tan grande podría ser esta pérdida para Venezuela?
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Si Venezuela, que posee el 100% de la refinería y sus empresas matrices con sede en Estados Unidos, no logra retener algo de capital, perdería su activo más importante en el extranjero. El país, con una deuda externa que alcanza los 150.000 millones de dólares, ya ha perdido otros activos en Europa y Asia a manos de los acreedores.
El juez de Delaware, Leonard Stark, ha dejado abierta la posibilidad de que las partes que representan a Venezuela presenten una oferta. Pero las juntas que supervisan la séptima refinería más grande de Estados Unidos necesitarían asegurar el respaldo de los políticos tanto en Caracas como en Washington, un desafío dadas las sanciones de Estados Unidos a la nación de la OPEP y los tensos lazos.
Antes de las sanciones, la red de refinación de 807.000 barriles por día de Citgo era el principal procesador de los crudos amargos pesados de Venezuela. Desde que Citgo cortó los lazos con su matriz última, PDVSA, con sede en Caracas, en 2019, Venezuela ha luchado por encontrar nuevos mercados para su petróleo, mientras que la refinería con sede en Houston se ha abastecido de crudo de otros proveedores.
La oposición venezolana ha trabajado durante años para retener a Citgo, incluyendo el financiamiento de defensas legales y el cabildeo en Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años, debe aprobar al eventual ganador de la subasta.
Los opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro han declarado que Citgo podría ayudar a la recuperación económica de la nación si se restaura la democracia. Los funcionarios de Maduro han rechazado las sanciones de Estados Unidos y han calificado la subasta como el «robo» de un activo soberano.
¿Pueden los acreedores reclamar una indemnización posterior a la subasta?
Sí. Muchos acreedores, entre ellos ConocoPhillips (COP. N), se abre en una nueva pestaña, que tiene los mayores reclamos por casi 12.000 millones de dólares, y Gold Reserve, han emprendido acciones legales fuera de Estados Unidos para incautar activos de propiedad venezolana, como cuentas bancarias, petroleros e instalaciones de almacenamiento controladas por PDVSA.
Los acreedores, que rechazaron el resultado de una ronda de licitación el año pasado debido a las condiciones impuestas por el ganador seleccionado, pueden presentar objeciones si no están satisfechos con sus resultados. También pueden continuar casos paralelos en otros tribunales de los Estados Unidos.
La acumulación de costos legales y las inciertas perspectivas de recuperación llevaron a tres de los 18 acreedores originalmente autorizados por el tribunal a retirarse. Otros, incluido el propietario de artefactos que pertenecieron al héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar, no cumplieron con todos los requisitos judiciales para participar.
¿Se indemnizará a todos los acreedores?
Improbable. Si bien Citgo fue valorada entre $11.000 millones y $13.000 millones como parte del caso de Delaware, las expectativas son que la subasta no producirá más de $8.000 millones, teniendo en cuenta los posibles acuerdos paralelos con acreedores clave, como los tenedores de bonos.
También se espera que el reciente desempeño débil de Citgo, incluida una ganancia que se desplomó a USD 305 millones el año pasado desde USD 2 mil millones en 2023, afecte su valoración.
Estos factores sugieren que más de la mitad de los 15 acreedores registrados, que en conjunto reclaman 18.900 millones de dólares, podrían no recibir distribuciones de la subasta.
