El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria en las presidenciales del año pasado en su país, dijo estar «muy satisfecho» al salir este sábado de una reunión en Múnich con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), oficina que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El exembajador antichavista, en el exilio desde el pasado septiembre y que este fin de semana visita la ciudad alemana para participar en la Conferencia de Seguridad, dijo, a través de X, que expresó a Khan su respeto a «los procesos de investigación que avanza la Corte Penal Internacional».
«Como parte interesada, y preocupada -en representación de los venezolanos-, puedo decir que ha sido una reunión de la que salí muy satisfecho», agregó el opositor, sin dar más detalles sobre la conversación.
Por su parte, la CPI compartió en la misma red social una fotografía del fiscal y de González Urrutia durante la reunión, como parte, señaló el tribunal, de los «debates importantes sobre cómo los esfuerzos colectivos de todos los socios pueden brindar justicia para los crímenes del Estatuto de Roma».
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Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo del año pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autorizó a la CPI a continuar la investigación. EFE
